El intendente de la Región de Los Lagos, Sergio Galilea, arriesga una multa que podría llegar a la mitad de sus honorarios -o la suspensión de su cargo en el peor de los casos- a raíz de una reclamación efectuada por un abogado de esa región ante el Consejo para la Transparencia, luego que la autoridad negara una solicitud oficial de información planteada a pocas horas de la entrada en vigencia de la ley de transparencia, el pasado 20 de abril.
El reclamo pasaría a constituirse en el primer caso que deberá revisar el nuevo órgano autónomo del Estado, creado para dirimir las controversias surgidas desde la puesta en marcha de la normativa. La presentación ante el consejo se hizo el pasado 21 de abril, por parte del abogado Jaime Moraga. Este acusó a Galilea de no entregar información pública sobre el presupuesto regional asignado para la emergencia provocada por la erupción del volcán Chaitén.
El reclamo
Según los antecedentes conocidos hasta ahora, a los pocos minutos de la entrada en vigencia de la ley el abogado solicitó a la intendencia de Los Lagos "todos los antecedentes que existan, en especial aquellos que tengan relación con los montos globales y partidas presupuestarias para la zona afectada por la emergencia derivada del volcán Chaitén".
Ante ello, el gobierno regional de Los Lagos respondió a las 15.44 del mismo día que la solicitud "es inadmisible", bajo el argumento de que faltó "la firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado y el órgano administrativo al que se dirige". Añade que la consulta sólo se refiere a elementos de "carácter genérico, referidos a un gran número de actos administrativos, los que no se precisan". Ante ello, el solicitante consideró que Galilea "pretende establecer arbitrariamente la calificación genérica a todo tipo de información, y de esa forma evadir la ley".
Ahora, corresponderá al Consejo para la Transparencia deliberar si sanciona a la autoridad o le da la razón, y en definitiva si declara inadmisible el recurso. De considerar el reclamo, el organismo podría ordenar la suspensión de su cargo por seis meses y la multa de 50% del sueldo de Galilea durante un mes, medida que sólo podría ser alegada ante la Corte de Apelaciones.
Además del litigio en contra de Galilea, el Consejo tiene otra reclamación que afecta a la U. de Los Lagos, denunciada por la omisión de los honorarios de algunos docentes.