El proyecto busca definir el concepto de competencia y sus limitaciones, e incorpora la evaluación de esas nuevas áreas en las que podrá actuar. Además, detalla un procedimiento de resolución de competencias que tendrá la Contraloría, la cual será el ente dirimente en caso de que surjan diferencias entre los futuros gores y los delegados presidenciales (representantes del Ejecutivo en las 16 regiones).
"Se entenderá por competencia toda facultad, función o atribución que posean los ministerios o servicios públicos para satisfacer las necesidades públicas establecidas en sus leyes orgánicas, o en otras disposiciones legales, con excepción de la Ley de Presupuestos", dice el articulado.
Además, la nueva normativa precisa que las competencias transferidas de manera definitiva solo pueden revocarse mediante una ley. Y define que el gobernador regional será el superior jerárquico de los directores de los servicios públicos regionales.